R/ En caso de que el Sistema de Compras Gubernamentales de Compra Red, impida la presentación de la oferta o la  documentación solicitada en las ofertas, éstos, podrán presentarse dentro de los plazos establecidos, ante la Proveeduría Institucional.  Artículo 11, 23 y 24  del Reglamento  del Sistema de Compras  Gubernamentales de Compra Red.

R/ Al Departamento Financiero del Ministerio de Gobernación y Policía.

R/ Así dispuesto mediante  Directriz DGABCA-012-2013 del 05 de julio de 2013, la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, y los artículos 71, 73, 74, 75 77 y 110 del Código Notarial, 14, 16, 19 y 20 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial, emitidos por el Consejo Superior Notarial mediante acuerdo firme tomado en la sesión N°6, celebrada el 113 de marzo de 2013.

R/ El Código Municipal en su artículo 69, indica que las patentes municipales deben ser canceladas por trimestre adelantado. Por lo que conjuntamente con la oferta, o en la etapa de subsane, deberá aportar el recibo correspondiente o mediante declaración jurada. Además, en el inciso a) del artículo 65 de la Ley de Contratación Administrativa se dispone que toda oferta presentada por un proveedor nacional, deberá declarar bajo juramento que se encuentra al día en el pago de los impuesto nacionales.  Ambas declaraciones, deberán hacerse por separado.

R/ Conforme lo dispone la Directriz DGABCA-NP-533-2011, de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, del Ministerio de Hacienda, todo documento que se emita dentro del proceso de contratación administrativa y que sea productor de efectos jurídicos, siempre que se encuentre dentro del supuesto tipificado, en la normativa, debe de cancelar el monto correspondiente por concepto de especies fiscales.

R/ En este momento, si se trata de contrataciones superiores a los ¢33.200.000.00 en bienes y servicios, o ¢51.600.000.00 en obra pública, corresponde interponer recurso de apelación, el cual de conformidad con el artículo 174 del Reglamento a la ley de Contratación Administrativa debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicación del respectivo acto. En los demás casos, procederá el recurso de revocatoria, el cual de conformidad con el ordinal 185 de la norma citada, deberá presentarse ante el órgano que dictó el acto (en este momento por la Proveeduría Institucional), dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se notificó a todas las partes el acto de adjudicación. En los trámites de escasa cuantía, el recurso de revocatoria se interpondrá dentro de dos días hábiles siguientes a su notificación.

R/ Están obligados a aplicar esta Ley únicamente cuando se trata de actividades que no se encuentren habilitadas dentro de sus respectivas competencias. Ver artículo 130 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

R/ Únicamente se requerirá del refrendo contralor en los supuestos establecidos en el inciso 6) del artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública.  Sin embargo, en los demás casos, esta Administración adoptará las medidas pertinentes para garantizar que estas relaciones interadministrativas se apeguen estrictamente a la normativa vigente.

R/ De acuerdo con el artículo 217 párrafo segundo del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dichos actos tendrán los recursos de revocatoria y apelación contemplados en la Ley General de la Administración Pública, los cuales deberán interponerse dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación del acto.

R/  Según el artículo 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede por ejecución tardía o prematura de las obligaciones contractuales, siempre y cuando se haya previsto desde el pliego de condiciones.  Si bien es cierto para su aplicación no es necesario demostrar la existencia del daño o perjuicio a la Administración, se debe garantizar el derecho de defensa del contratista, específicamente en cuanto al cálculo del monto a deducir, esto mediante un procedimiento sumario. Lo anterior en concordancia con el criterio de la Contraloría General de la República R-DCA-315-2009 de las 12:00 horas del 26 de junio del 2009.

R/ El artículo 57 de la Ley General de Policía N° 7410 en concordancia con el artículo 65 del Reglamento de Organización y Servicio de la Policía Profesional de Migración, otorgan la competencia a la Sección de Inspección Policial del Ministerio de Gobernación y Policía, para fungir como órgano director de los procedimientos administrativos disciplinarios en contra de los servidores de dicho cuerpo policial el cual se rige por la Ley General de Policía.

R/ El Consejo de Personal es el órgano decisor de primera instancia en los procedimientos disciplinarios que se tramitan contra la Policía Profesional de Migración, y encuentra sustento legal en el artículo 54 de la Ley General de Policía. Está integrado por el Oficial Mayor, el Jefe del Departamento Legal, el Jefe del Departamento de Personal, El Director de la Escuela Nacional de Policía y el jerarca de mayor rango en el cuerpo policial respectivo. En el caso de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, este último cargo lo ostenta el Director o Directora de la Dirección General de Migración y Extranjería. Entre sus atribuciones con relación a procedimientos administrativos disciplinarios; se encuentran el conocer y resolver en primera instancia las recomendaciones de suspensiones temporales al aplicar el régimen disciplinario por faltas graves, así como elevar el asunto ante el ministro cuando se trate de un despido.

R/ Tanto el numeral 83 de la Ley General de Policía como el 67 del Reglamento de Organización y Servicio de la Policía Profesional de Migración, establecen un plazo de DOS AÑOS para que el empleador pueda imponer al empleado policial el régimen disciplinario, en lo respecta a las faltas graves.

R/ El artículo 84 de la Ley General de Policía dispone que el afectado por una medida disciplinaria de éste tipo, tendrá derecho a recurrir ante el ministro del ramo, dentro de los tres días siguientes al de la notificación. En todo caso, la resolución final que emita el Consejo de Personal, tiene recurso de revocatoria ante el mismo órgano decisor de primera instancia y recurso de apelación ante el Ministro de Gobernación y Policía, quién resolverá definitivamente.

En cuanto a la resolución de despido emitida por el Ministro, únicamente contará con el recurso de reposición.

R/ Una vez efectuada la comparecencia oral y privada de ley, el Órgano Director, sea la Sección de Inspección Policial emite un informe con la recomendación del caso al Consejo de Personal del MGP la cual no es vinculante. El Consejo de Personal decide en primera instancia en caso de suspensión temporal sin goce de salario de 1 a 30 días y si se trata de un despido sin responsabilidad patronal, traslada el asunto al Despacho del Ministro de Gobernación  y Policía  para que se tome la decisión final, confirmando o no el despido de que se trate.

R/ Por medio del Decreto Ejecutivo N° 37895-G publicado en la Gaceta Oficial 174 del 11 de setiembre del 2013, se dictó el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Ministerio de Gobernación y Policía, creándose entre otras unidades asesoras, la Asesoría Jurídica conformada por subprocesos entre los cuales se encuentra el Subproceso de Inspección Policial y Administrativo, que tiene entre otras funciones, la de fungir como Órgano Director de procedimientos administrativos disciplinarios para la instrucción de todos los asuntos por faltas disciplinarias que deben iniciarse contra los servidores de la Actividad del Ministerio de Gobernación y Policía.

R/ De conformidad con el artículo 345 de la Ley General de la Administración Pública, cabrán los recursos ordinarios de revocatoria y/o apelación únicamente contra el acto que inicia el procedimiento administrativo, contra el que deniega la comparencia oral o cualquier prueba  y contra el acto final. El informe emitido por el Órgano Director no es susceptible de recurso por tratarse de una mera recomendación no vinculante, y por ende no surte efectos a nivel administrativo.

R/ No, es un derecho potestativo con el que cuenta el investigado. Sin embargo, el artículo 220 de la Ley General de la Administración Pública, establece que en caso extremo la Administración podrá exigirle el patrocinio letrado sin llegar a suprimir los derechos de audiencia  y defensa del investigado.