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San José, Costa Rica. 15 de abril del 2016.  Costa Rica es un país de derecho que ha dado repetidas muestras de respeto a los derechos humanos y que seguirá actuando apegado a las normas migratorias nacionales e internacionales.

Costa Rica y Panamá están enfrentando un flujo masivo de inmigrantes irregulares, cubanos y extracontinentales, que pretenden atravesar nuestros países y continuar su rumbo hacia su destino final: los Estados Unidos.

 Estos flujos migratorios hacia Panamá y Costa Rica evidencian la incapacidad o poca voluntad de otras naciones hacia el sur para impedir la entrada y tránsito de migrantes irregulares, pero también son el resultado de la acción del crimen organizado que busca nuevas rutas para el tráfico de personas.

Ante tal situación, el Gobierno de Costa Rica reitera que responderá de acuerdo con sus obligaciones nacionales e internacionales en materia migratoria.

Costa Rica no permitirá el ingreso de migrantes en condición irregular y en la medida de sus posibilidades desplegará las acciones necesarias para rechazar en las fronteras a quienes intenten entrar al país en esa  condición.

Las autoridades migratorias tienen la obligación de aprehender, registrar e iniciar el proceso de deportación de los migrantes irregulares que intercepte dentro del territorio nacional, de acuerdo con las leyes vigentes.

Costa Rica y  Panamá trabajan para encontrar soluciones conjuntas y sostenibles a un fenómeno estructural internacional, como lo es el del tráfico internacional de personas. Ante los incidentes de las últimas horas los dos países mantienen conversaciones permanentes para plantear alternativas apegadas a las leyes de cada nación.

El Gobierno recalca que no se cuenta con las condiciones económicas ni logísticas para volver a instalar una red de albergues ni organizar un plan de atención y evacuación, como el desplegado en el caso de migrantes cubanos entre noviembre del 2015 y marzo de este año.

Las autoridades costarricenses, entidades de auxilio y organismos internacionales multilaterales también trabajan para garantizar la vida, integridad personal, derechos humanos y condiciones sanitarias mínimas de migrantes irregulares varados en nuestras fronteras, en especial de  niños y mujeres embarazadas. Estas medidas también son necesarias para garantizar la seguridad y salubridad de la población costarricense.